Guardia Civil y transparencia: JUCIL pide claridad a la hora de renunciar a las vacaciones de verano a cambio de dinero
Desde septiembre de 2024, la directora general de la Guardia Civil es Mercedes González Fernández ¿Sabes cuánto cobra?
La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha vuelto a alzar la voz para demandar claridad, compensaciones justas y criterios equitativos en la medida que permite a los agentes renunciar de forma retribuida a sus vacaciones estivales. Aunque la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) ha confirmado que esta opción busca reforzar el servicio en unidades de seguridad ciudadana durante el aumento estacional de población y criminalidad, JUCIL denuncia en un comunicado que la práctica actual sigue generando desigualdad y malestar entre los efectivos. Desde septiembre de 2024, la directora general de la Guardia Civil es Mercedes González Fernández. Según el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, cobró 38.013 euros brutos por casi tres meses y medio en el cargo el año pasado. Tiene rango de subsecretario. Su salario puede superar los 130.000 euros anuales incluyendo el complemento de productividad.
La DGGC respondió a una solicitud registrada por JUCIL el pasado 14 de mayo, confirmando el propósito de la medida y asegurando que los agentes que se acojan voluntariamente mantendrán su régimen de descansos. Sin embargo, la Dirección General no ha especificado las cuantías de la compensación económica, remitiéndose únicamente a las Directrices del Mando de Operaciones. Esta falta de concreción es uno de los puntos clave de la crítica de la asociación.
En su solicitud inicial, JUCIL ya había exigido que el ofrecimiento de esta renuncia se realizara en igualdad de condiciones para todas las unidades, o que, en su defecto, se justificara con total claridad la exclusión de algunas de ellas. Asimismo, la asociación reclamó que la compensación económica ofrecida a los agentes fuera equivalente al valor real de un día de trabajo, equiparándola a lo que perciben por un Día de Asuntos Particulares con Retribución (DASR) o un Día de Libre Disposición con Retribución (DFR), en lugar de una cantidad reducida o poco transparente.
JUCIL también había solicitado a la DGGC conocer el número exacto de agentes que renunciaron a sus vacaciones con compensación el año anterior, pidiendo un desglose detallado por empleos. Además, la asociación insiste en la necesidad de garantizar que esta práctica, concebida como algo extraordinario y voluntario, no sustituya ni desvirtúe el tiempo de descanso al que tienen derecho los guardias civiles, ni afecte a otros derechos retributivos legítimos.
"Desde JUCIL, seguimos defendiendo que el descanso es un derecho, no una moneda de cambio", afirma la asociación. Subrayan que cualquier renuncia voluntaria a este derecho fundamental debe estar regulada por "criterios de equidad, proporcionalidad y absoluta claridad en la compensación ofrecida", con el fin de evitar agravios y asegurar que la medida, pensada para mejorar el servicio, no menoscabe el bienestar y los derechos laborales de los agentes.
Victoria judicial
En otro orden de cosas, cabe recordar que el Tribunal Supremo dio un espaldarazo histórico a las reivindicaciones de JUPOL, JUSAPOL y JUCIL al condenar al Gobierno por su inacción en la regulación de la jubilación anticipada para los policías nacionales integrados en el Régimen General de la Seguridad Social. La sentencia, emitida el pasado 21 de mayo de 2025, considera que la falta de regulación constituye una vulneración del derecho a la igualdad, al discriminar a estos agentes respecto a sus homólogos de cuerpos policiales autonómicos y locales (como Mossos d’Esquadra, Ertzaintza o Policías Locales).
El fallo del Supremo obliga al Gobierno a iniciar el procedimiento y elaborar una disposición reglamentaria para regular la jubilación anticipada de los policías nacionales en condiciones de igualdad. Las asociaciones celebran esta decisión, lograda bajo la dirección letrada de Antonio Blanco Arriola, y aseguran que ha forzado al Ejecutivo a actuar de inmediato.
Esta sentencia es vista como una victoria fundamental que abre el camino para que tanto policías nacionales como guardias civiles puedan acceder a una jubilación digna y en las mismas condiciones que el resto de fuerzas policiales en España, poniendo fin a una "injusticia discriminatoria". JUPOL destaca que la diferencia retributiva con las policías autonómicas es significativa, afectando al salario (20% menos), pagas extra (61% menos) y pensiones de jubilación (45% menos), además de la imposibilidad de jubilarse a los 59 años sin pérdida de poder adquisitivo.
Las organizaciones exigen al Ministerio del Interior que acate de forma inmediata la sentencia y que no obstaculice la jubilación anticipada, prometiendo continuar su lucha por la equiparación salarial real y la jubilación digna hasta que se materialicen todos los derechos reconocidos judicialmente.
